La Defensoría de los Habitantes emitió hoy un criterio técnico que cuestiona la política de «uso justo» de internet móvil postpago, y le solicita al Consejo Directivo de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) la suspensión inmediata de dicha política.
Juan Manuel Cordero, Defensor Adjunto, manifestó la preocupación de la institución debido a diferentes razones; en su momento, la solicitud de autorización para la aplicación de esta política en el operador dominante del mercado en 2017, fue catalogada como confidencial por parte de la SUTEL.
Dicha política no se sometió a consulta con los usuarios de internet móvil postpago, teniendo en cuenta que la Ley de Telecomunicaciones obliga a tener y observar los principios de transparencia y participación en la toma de decisiones.
Poca inversión de los operadores.
Corderó agregó, «En la justificación que la SUTEL da para la adopción de esta política, pareciera que la SUTEL no está tomando en cuenta las recomendaciones que el sector técnico de dicho ente le ha hecho al Consejo Director, en el sentido de que los operadores amplíen su infraestructura y que se tengan otras modalidades de conexión a internet. Además, estudios realizados por estos técnicos indican, dada la velocidad promedio existente, que los operadores no están cumpliendo con los contratos establecidos con los usuarios del servicio».
La actuación de la Superintendencia es sumamente contradictoria, puesto que pareciera más fácil hacer que los usuarios racionalicen su consumo de internet, en vez de hacer que los operadores que brindan el servicio realicen las inversiones correspondientes para mejorar.
Finalmente, el Defensor Adjunto manifestó que, si bien es cierto, han sido identificados algunos usuarios que tienen un consumo muy excesivo de internet, superando los 800 GB mensuales, la respuesta es abordar a estos usuarios previamente identificados, y no extender una política de racionamiento a todos los usuarios del servicio.
Estadísticas indican que el servicio de internet móvil postpago tiene más usuarios a nivel nacional que los servicios residenciales y fijos.
