El gobierno del presidente Donald Trump canceló el programa humanitario conocido como Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), que protegía a los inmigrantes hondureños que llegaron a Estados Unidos a partir de 1999, cuando su país fue azotado por el devastador huracán Mitch, uno de los más poderosos y mortales que hayan afectado la región. Con la medida, unas 57.000 personas hondureñas serán deportadas de los EE. UU, según informó The New York Times.
Kirsten Nielsen, secretaria de Seguridad Nacional, afirmó ayer viernes que debido al mejoramiento en las condiciones de Honduras suspende el estatus de protección para los ciudadanos de esa nación. La justificación no toma en consideración la situación económica que han venido sufriendo el país en los últimos años, donde según la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe (CEPAL) en su informe de 2017, el 67,4% de la población está en pobreza y el 45% se encuentra en pobreza extrema. Además, actualmente el país centroamericano vive una severa convulsión política a raíz de los hechos ocurridos durante las elecciones del 26 de noviembre de 2017, con el denominado autogolpe, cuyos resultados favorecieron la reelección el presidente Juan Orlando Hernández, conflicto que todavía se mantiene.
Con base en esa realidad, el embajador de Honduras en los Estados unidos, Marlon Tabora, indicó que las condiciones no están dadas para la repatriación una gran cantidad de personas. Se estima que la medida adoptada va a agravar la situación de precariedad de la población a niveles inmanejables, afirmó.
Al menos 57.000 personas podrían ser deportadas tras esta decisión, reportó Reuters. Asimismo, hace dos semanas el gobierno de Trump anunció que 9.000 nepaleses con un estatus de protección similar deben abandonar el país. En enero canceló la protección de 200.000 salvadoreños, quienes deberán salir de EE.UU. antes de septiembre de 2019. El año pasado decidió que 45.000 haitianos tienen que dejar suelo estadounidense para julio de 2019 y que 2.500 nicaragüenses deben partir para enero de ese año.
Arcadio Zúñiga / El Independiente
