Asesinatos, agresiones, amenazas e impunidad durante vigencia de Medida Cautelar a favor de pueblos indígenas de Térraba y Salitre
Durante los cinco años de vigencia de la Medida Cautelar 321-12, emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a favor de los
pueblos indígenas de Térraba y Salitre, y particularmente en los años 2019-2020 fueron asesinados dos dirigentes indígenas, ambos peticionarios y beneficiarios de la Medida Cautelar. La violencia ha escalado en Salitre y Térraba, y se ha extendido a China Kichá, Cabagra y Maleku; en redes sociales se han exacerbado los discursos de odio de índole racista, y se han criminalizado las reivindicaciones indígenas de derechos.
Este panorama pone en evidencia que las acciones estatales no han sido suficientes para alcanzar el fin pretendido de garantizar la vida e integridad personal de los miembros de los pueblos indígenas de Térraba y Salitre, y evitar así la repetición de los hechos que dieron lugar a la adopción de la Medida.
La Defensoría participó en la reunión de reactivación del diálogo entre el pueblo indígena de Salitre y el gobierno de la República el domingo 7 de abril del 2019; por solicitud de peticionarios y beneficiarios de la Medida, la institución observó la reunión que sostuvo con ambos grupos el entonces Comisionado y Relator para Costa Rica de la CIDH, Sr. Joel Hernández García, a quien además se le entregó un informe con las observaciones de la
Defensoría sobre el proceso de implementación de la Medida; y en febrero de 2020, se envió un informe actualizado a la CIDH.
Plan de Recuperación de Territorios Indígenas
En cuanto al Plan de Recuperación de Territorios Indígenas, desde su oficialización, la Defensoría de los Habitantes ha estado monitoreando su ejecución en los 24 territorios.
La Defensoría ha realizado una serie de observaciones. Entre ellas, que el Plan muestra un importante atraso en su implementación (proponía recuperar 9 territorios prioritarios en los primeros 3 años –del 2016 al 2019- 06 territorios durante el 2020 y 08 territorios entre el 2020 y el 2022. A la fecha el Plan no ha concluido en ningún territorio y se han ejecutado
algunas fases solo en 16 de los 24 territorios. Adicionalmente no se mantuvo el criterio de priorización de territorios definidos en el Plan, a partir de un informe de la Contraloría General de la República y de la Medida Cautelar.
Otro punto a destacar es que siendo un trámite sustancial del Plan, no se informan las razones por las cuales permanecen 193 expedientes confeccionados sin el respectivo procedimiento administrativo. En el informe final de gestión del anterior Presidente Ejecutivo del Inder (2014-2018) se indicó que a ese momento había 600 expedientes confeccionados.
Es decir, al menos una tercera parte tiene más de dos años esperando el
procedimiento, pese a su gran importancia considerando que es por medio del que se determina la procedencia o no de la indemnización. Avanzar en el trámite de esos 193 expedientes es fundamental en el logro de los objetivos del Plan. Por otra parte no se informó a la Defensoría sobre la cantidad de procedimientos judiciales en trámite identificados en la información recopilada y la incidencia que estos puedan tener en la
ejecución efectiva del Plan.
A la Defensoría le llama la atención que en cuatro años de ejecución del Plan, no se haya iniciado ninguna etapa en 08 territorios indígenas.
La Defensoría conoce de múltiples demandas en varios territorios indígenas sobre acceso a la información que ha resultado de la ejecución del Plan y la respuesta común es que ésta se ha brindado a las Asociaciones de Desarrollo Integral o que se desconocía de la existencia de las organizaciones gestionantes.
Es importante tener presente que en este Plan se tratan derechos fundamentales de los pueblos indígenas por lo que hay que establecer mecanismos de información y participación eficaces y de alcance para toda la población.
Sobre la escalada de violencia señalada y dados los hechos que reportan personas indígenas de varios de los territorios antes indicados, a finales del mes de julio de 2020, la Defensoría de los Habitantes requirió información a las autoridades gubernamentales sobre:
- Estrategias de intervención destinadas a garantizar los derechos de las personas indígenas, prevenir la violencia y mantener la paz social.
- Reporte de las acciones urgentes desde el Plan de Recuperación de Tierras Indígenas para clarificar y resolver la situación de las tierras en conflicto.
- Gestiones ante el Poder Judicial para que, de acuerdo con las directrices y circulares que se han emitido, se priorice la atención de los asuntos judicializados relacionados
con estos procesos.
La Defensoría también solicitó al Poder Judicial información sobre medidas para garantizar el acceso a la justicia a los pueblos indígenas.
Oficina de Comunicación Institucional Defensoría de los Habitantes
