El aumento vertiginoso de los casos positivos de covid-19 en el sistema penitenciario nacional y ante la duda de la Defensoría en que la toma de medidas por parte de las autoridades penitenciarias y sanitarias estén siendo oportunas, suficientes y coordinadas hizo que la Defensoría de los Habitantes solicitara, recientemente, mediante gestión DH-CV-559-2020 un detallado informe al Ministerio de Salud y al Ministerio de Justicia, como corolario de múltiples gestiones que sobre el tema se han realizado ante las autoridades sanitarias y penitenciarias del país.
La Defensoría de los Habitantes planteó a las autoridades inquietudes
relacionadas con la adopción y aplicación eficaz de los protocolos de
prevención y equipamiento; coordinación entre las funciones del personal de salud del Ministerio de Justicia y el manejo del paciente; condiciones labores del personal a cargo, insumos, los espacios de aislamiento, el abordaje cuando se dan traslados, entre otros temas de interés para la protección de toda la población penitenciaria.
La Defensoría solicitó también reportes sobre el suministro continuo de
insumos para higiene y procesos de desinfección de las unidades y ámbitos de los centros, disponibilidad de equipo de prevención y medidas para disponer de mayor recursos humano que coadyuve en los procesos al menos en forma temporal.
Le interesa a la Defensoría de los Habitantes conocer sobre la capacidad de los equipos de salud de los centros penitenciarios para cubrir la atención de la población privada de libertad en todos sus aspectos, y la de los funcionarios del sistema penitenciario para llevar controles con bitácoras de seguimiento y realizar funciones de entrega de medicamentos, inyectables u otros. También, la Defensoría consultó sobre las instalaciones designadas para el aislamiento y la capacidad para realizar los estudios de contacto.
Sobre las condiciones laborales de los funcionarios en los centros penitenciarios se pidió información de las medidas preventivas implementadas en resguardo y beneficio de todos sus funcionarios, específicamente, sobre los equipos especiales recomendados por especialistas en la salud y epidemiologia para prevenir y garantizar la salud de los policías penitenciarios que deben tener contacto directo con privados de libertad que son positivos por COVID- 19 (batas nivel 3, guantes, mascarillas y de protección de ocular).
Asimismo, la Defensoría consultó sobre el procedimiento que sigue la institución, en el caso de los funcionarios que presentan síntomas o son positivos por COVID- 19; y las gestiones para su reemplazo temporal.
Dada la relevancia que tiene, causa especial preocupación de la Defensoría la situación del CAI Gerardo Rodríguez y el CAI de San José. En ambos casos los ingresos y salidas constantes por prácticas judiciales hacen que la población y consecuentemente, el personal de seguridad, entre y salga continuamente de los centros y ello implique una exposición clara. En el primer supuesto, sólo en el mes de junio se realizaron cerca de 1300 salidas
entre prácticas judiciales y otros.
Como medida de contención, las autoridades han optado por el aislamiento de las personas que ingresan, sin embargo, con la fluctuación de personas, la situación podría resultar insostenible. Ante ese escenario resulta importante una valoración in situ por parte de las autoridades del Ministerio de Salud y la CCSS, a fin de que en conjunto con los tomadores de decisión del Ministerio de Justicia se pondere el riesgo y se tomen las medidas necesarias para disminuir el riesgo y prevenir situaciones más complejas, que sin lugar a dudas, impactarían al sistema de salud pública costarricense.
Es criterio reiterado de la Defensoría de los Habitantes, que, de acuerdo a las características de los centros penitenciarios, deberán tomarse medidas extremas de fortalecimiento y acompañamiento de los equipos de atención de la salud en los centros, siendo determinante que se considere la realidad institucional general y particular de cada centro, de tal suerte que se permita un mejor abordaje de la pandemia en los centros penitenciarios.
La realidad ordinaria de las áreas de salud de los centros penitenciarios se caracteriza por presentar condiciones limitadas para brindar un servicio de atención integral en salud en condiciones de calidad, fundamentalmente por carencias en su capacidad resolutiva.
En condiciones extraordinarias como las que nos confronta la pandemia del covid-19, coloca en situaciones de mayor vulnerabilidad a la población privada de libertad y a los funcionarios del sistema penitenciario, sino se fortalecen los servicios.
Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes
