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Prevenir la re-victimización y garantizar derechos de personas menores de edad en sistema educativo


Recientemente se publicó en el Diario Oficial La Gaceta, el proyecto de Ley 22.112 que procura prevenir la re-victimización y garantizar los derechos de las personas menores de edad en el sistema educativo costarricense.  

Desde hace varias décadas el país mantiene una deuda pendiente con las poblaciones menores de edad, a partir de su reconocimiento como personas sujetas de derecho en el contexto de los procedimientos disciplinarios seguidos en el Ministerio de Educación Pública para revisar y
sancionar las conductas del funcionariado, que lesionan su integridad física, emocional o sexual.

En forma reiterada, la Defensoría ha venido denunciando la situación de re-victimización que enfrentan las personas menores de edad estudiantes, en dichos procedimientos, debido a la persistencia de prácticas, legitimadas en la normativa actual, que son contrarias a sus derechos humanos y a su interés superior, los cuales les asigna una función eminentemente instrumental en los procedimientos disciplinarios seguidos en el MEP, ante denuncias por maltrato físico, emocional, abuso sexual o trato corruptor, que involucre a personas menores de edad, como víctimas.

En virtud de ello, la Defensoría de los Habitantes , junto con el Despacho de la Sra. Diputada Patricia Villegas, se abocaron a la redacción de un proyecto de ley con miras a saldar el compromiso pendiente en esta esfera de la justicia administrativa e incorporar en la Ley de la Carrera Docente -donde se regula el Régimen Disciplinario Docente-, un enfoque basado en los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, con principios orientadores
que funcionen como contrapeso para prevenir la re-victimización de las personas menores de edad estudiantes involucradas en los procedimientos, en condición de víctimas o testigos, medidas que, cabe señalar, desde hace ya mucho tiempo se aplican en la jurisdicción penal.

Participación

En el proceso de redacción se contó con la participación activa de diversos actores vinculados con la materia; a saber, el Ministerio de Educación Pública, representada por el despacho de la señora Ministra, el Tribunal de Carrera Docente, el Departamento del Gestión Disciplinaria y la Contraloría de Derechos Estudiantiles, así como de la DirecciónGeneral del Servicio Civil y, propiamente, del Tribunal de Servicio Civil, instancias todas
con responsabilidades diversas en la implementación y control de los procedimientos que se replantean en esta iniciativa.

Entre otros aspectos, el proyecto de ley introduce una serie de modificaciones y reformas dirigidas a:

  •  Reconocer y reivindicar la condición jurídica y social de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho.
  •  Verificar y garantizar que el Interés Superior del Niño sea una consideración primordial en toda resolución emitida en el marco de un procedimiento disciplinario del personal docente o administrativo del Ministerio de Educación Pública que incida o afecte a una o varias personas menores de edad de manera directa o indirecta.
  •  Incorporar principios como el in dubio pro víctima y el de no re-victimización; incentivar el uso de la prueba indiciaria, reconocer a la víctima como parte del procedimiento y propiciar el establecimiento de espacios seguros y cómodos para que la víctima menor de edad rinda testimonio, tales como las cámaras de Gesell.
  •  Reducir los tiempos promedio de los procedimientos del régimen disciplinario docente y administrativo del MEP en todas sus etapas e instancias, tanto a lo interno del Ministerio de Educación Pública como en el Tribunal de Servicio Civil.
  •  Garantizar que se adopten las medidas cautelares necesarias y conducentes a proteger a la víctima en todos los casos en que se denuncie a un servidor o servidora docente o administrativa por supuesto maltrato físico, emocional, abuso sexual o trato corruptor en perjuicio de una o varias personas menores de edad, en los términos establecidos en el artículo 67 del Código de la Niñez y la Adolescencia.

En la Defensoría de los Habitantes estamos convencidos de la importancia central de este proyecto para brindar efectiva garantía a la protección especial a la que está obligado el Estado costarricense para con los niños, niñas y adolescentes, en un contexto especialmente importante para su desarrollo integral, cual es el educativo y seguros de contar con el apoyo
decidido de los señores diputados y señoras diputadas de la Asamblea Legislativa, como de los distintos sectores vinculados con la Educación costarricense.


Oficina de Comunicación
Defensoría de los Habitantes

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