La Defensoría de los Habitantes considera fundamental
resaltar el aporte de esta población a la riqueza cultural y la identidad nacional.
Sin embargo, también es necesario mencionar pendientes en el impulso de
políticas públicas que respondan a la eliminación de la discriminación y
exclusión, que incluso abarca, la casi nula información por origen étnico que invisibiliza desde lo estructural a las personas afrodescendientes.
Hay una diversidad de situaciones en las que el país debe avanzar con más
efectividad hacia el respeto de los derechos de la población afrocostarricense relacionados con la economía, la salud, la educación, la pertenencia a la tierra, el mecanismo de consulta, el racismo, la discriminación racial, el respeto a las particularidades culturales, entre otros.
A partir del plan nacional de salud para personas afrodescendientes, el país
logró un paso con la aprobación de una norma para la atención integral en
salud a las personas con enfermedad de células falciformes o drepanocitosis; Pero por ejemplo, en materia de tierras, el Estado costarricense debe de reconocerle ese derecho a la comunidad afrodescendiente del Caribe sur, y asumir la obligación de consultarles cuando se toman medidas administrativas o legislativas que afecten sus derechos, en los términos del Convenio 169- El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de Naciones Unidas.
Otro pendiente del Estado costarricense se refiere al seguimiento a la “Política Nacional para una sociedad libre de racismo, discriminación racial y xenofobia 2014-2025”. Pues a pesar que empezó a regir el 1° de enero del
2014, a cargo de la Comisión Interinstitucional para el seguimiento de las obligaciones internacionales de Derechos Humanos (CIIDDHH), su ejecución se ha visto afectada por la rotación de los miembros que la integran, implicando un retorno a cero cada cuatro años, de ahí que es necesario un compromiso de todos los actores para velar porque el plan de acción de dicha política se lleve a cabo.
En cuanto a las acciones afirmativas y respeto a las particularidades culturales por medio del estudio efectuado en la región Caribe, la Defensoría determinó que la población experimenta descontento y desconfianza en la institucionalidad pública, en particular la población afrodescendiente, debido a las promesas y deudas incumplidas históricamente. Se mantiene en seguimiento las recomendaciones emitidas al Ministerio de la Presidencia para que procediera elaborar e implementar un plan de acciones afirmativas dentro del marco del “Decenio Internacional de las Personas Afrodescendientes”, y al IMAS para que las FIS incorporara criterios específicos para la calificación de la población afrodescendiente, de acuerdo y en respeto de sus particularidades
culturales.
A ello se suma la situación de la discriminación racial. La Defensoría de los
Habitantes coadyuvó en un recurso de amparo a favor de una estudiante
víctima de discriminación racial. El recurso fue declarado con lugar por la
Sala Constitucional -Voto N° 2018-12095- ordenándole al Ministerio de
Educación (MEP) que aplicara las previsiones necesarias para abordar el
hostigamiento racista. En ese mismo mes, el MEP junto con UNICEF
iniciaron la elaboración de un protocolo de actuación ante situaciones de
discriminación racial, xenofobia y otras formas de discriminación en los
centros educativos. Recientemente, en enero del 2020, la Defensoría le
recomendó al MEP que aprobara y divulgara el Protocolo y la Guía
complementaria.
La Defensoría de los Habitantes llama la atención porque persiste el vacío legal para erradicar toda forma de discriminación. Igualmente importante es seguir apoyando la elaboración de una política nacional para la población afrodescendiente y el plan de acción de la política nacional 2019-2024, la cual está pendiente la consulta a esta población para su validación debido a las restricciones impuestas a raíz de la emergencia sanitaria.
Otro punto importante tiene relación con la verificación del cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el CERD, donde se trata de contraponer los informes del Estado con los presentados por la Defensoría y la sociedad civil organizada, a efectos de determinar si ha habido un cumplimiento efectivo, pues no se percibe a la fecha un cambio real en el mejoramiento de los derechos de la población afrodescendiente.
Para la Defensoría es fundamental que el Estado trabaje más aceleradamente en la visibilización, el respeto y la inclusión de la población afrodescendiente en los distintos espacios del quehacer nacional.
Oficina de Comunicación
Defensoría de los Habitantes
