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Defensoría exige al INDER acelerar plan de expropiación legal de tierras en favor de los Pueblos Indígenas

Ante inaceptable retraso en el cumplimiento de esta deuda histórica

La Defensoría de los Habitantes insiste en la obligación legal que tiene el
Estado costarricense de hacer efectivo el proceso de expropiación de
tierras que por ley corresponde a la población indígena de nuestro país, lo
cual supone la obligación estatal de disponer de los recursos financieros
suficientes y necesarios para activar los mecanismos de expropiación e
indemnización que hasta ahora se han hecho de manera escasa.

La Defensoría, recientemente, elevó una gestión ante las autoridades del
Instituto de Desarrollo Rural (Inder) para conocer el estado de avance de
ese plan, pero además, cuestionó si la institución considera reutilizar los
fondos de su posible superávit presupuestario -en partidas de créditos y
obras comunales-, en el financiamiento de los procesos de expropiación
legal de tierras en favor de los Pueblos Indígenas.

Ante una serie de hechos suscitado hace pocas semanas en el territorio
indígena China Kichá, el Viceministerio de Asuntos Políticos y Diálogo
Ciudadano informó a esta Defensoría que, en procura de emprender con
diligencia los procesos administrativos, la Junta Directiva del Inder había
aprobado iniciar dicho procedimiento ordinario sobre una de las fincas en
conflicto, y que, en procura de restablecer la paz, el Inder había ofrecido
500 millones de colones, que tiene destinados para la adquisición legal de
dicho territorio.

En marzo anterior

El Inder indicó que tenía 193 expedientes listos para
aplicar el procedimiento administrativo conducentes a una eventual
expropiación e indemnización; informando, además, que se había
realizado el levantamiento de 1.206 fincas. Sin embargo, a la fecha, la
Defensoría de los Habitantes no ha sido informada de que se haya
ejecutado ninguna expropiación ni indemnización en ninguno de los
territorios indígenas.

La Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho, indicó que “es
una responsabilidad ineludible del Estado costarricense cumplir con sus
compromisos históricos y legales para con los pueblos indígenas a través
del otorgamiento de las tierras, que ancestralmente les corresponden,
mediante las vías que establece nuestro Estado de Derecho”.

En la respuesta a la Defensoría el Inder indicó que si bien no corresponde
a esa institución utilizar el superávit que tiene para pagar indemnizaciones
que corresponden al Poder Ejecutivo pagar, sin embargo debido a la
dificultades económicas en el gobierno central, la Junta Directiva tomó el
acuerdo, y decidió entre otros cambios, autorizar la creación de un
fideicomiso que iniciará en el 2021 con la suma de 500 millones de
colones, y que, se le agregara para el año 2022 y 2023 el 80% de los
ingresos no tributarios que tengan el Inder, el 50% de los mismos en el
2024, 2025 y 2026. Además señalaron que no se trata únicamente de
tener el dinero para pagar las indemnizaciones sino más bien, de poder
hacer los procedimientos necesarios antes de llegar a la indemnización
que es el último paso.

La Defensoría de los Habitantes insistirá ante el Inder sobre este tema
porque la respuesta recibida no es satisfactoria para honrar la deuda del
Estado con los Pueblos Indígenas en materia de devolución de sus tierras
ancestrales, y parar así los graves hechos de violencia que ya han cobrado
varias vidas de personas indígenas, y precisamente por lo cual la Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha dictado medidas cautelares al
país.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

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