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Defensoría pide informe de medidas en servicios públicos que impacte a población usuaria

Investigación de oficio sobre reactivación económica

La Defensoría de los Habitantes solicitó a varias instituciones prestadoras, entes rectores o regulares de servicios públicos un reporte de las medidas que han venido implementando para impactar a la población usuaria a partir de la crisis sanitaria producto de la covid-19. Algunas de las entidades consultas fueron el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), entre otras.

ICE

En el caso ICE informó a la Defensoría que desde que inició la crisis
sanitaria estableció facilidad de pago a clientes industriales y comerciales
con consumos mayores a los 2000 kWh, de tal manera que pagaran el
50% de la factura eléctrica de marzo a mayo y el monto restante sería
cargado en cuotas iguales consecutivas durante el segundo semestre del Señalaron que posteriormente quienes no fueron alcanzados con
esta moratoria se ofreció un arreglo de pago a clientes residenciales, de
carácter social y los clientes comerciales con consumos menores a esos 2
mil kWh que pudiesen demostrar la afectación y considerar a aquellos
clientes que sufrieran despido o suspensiones de contrato, reducciones de
salario y otras condiciones derivadas por la pandemia. A nivel tarifario
informaron medidas que permitan en los próximos años tiendan a la baja,
y señalaron por ejemplo, la disminución de costos de operar y mantener en
los negocios de generación y distribución y optimizar condiciones en los
contratos de compra de energía a generadores privados.

MINAE

Por su parte, el Minae informó en cuanto al tema de los combustibles que
producto de la coordinación permanente con otras instituciones involucradas en la materia trabajan en la búsqueda de alternativas para
que los consumidores puedan optar por sistemas que usen otras fuentes
donde se sustituyan los combustibles derivados del petróleo, con el
objetivo de mitigar la emisión de gases de efecto invernadero y acceder a
precios más competitivos. Mencionó acciones como la emisión de la
directriz ministerial 06 que permite a aquellas industrias o servicios que
consuman búnker o GLP para operar calderas para sus procesos, puedan
optar por calderas eléctricas para bajar los costos de operación mediante
procesos de electrificación de la energía; o la penetración de vehículos
eléctricos, biocombustibles o el avance para desarrollar el potencial uso de
hidrógeno verde.

ARESEP

La ARESEP indicó a esta Defensoría que ha asumido una actitud proactiva
en la atención y análisis de los efectos de la pandemia sobre la prestación
de los servicios regulados a través del fortalecimiento de los procesos de
fiscalización, espacios diálogo y valoración en los que participan los
prestadores, los entes rectores y organismos internacionales. Por ejemplo
ha compilado información sobre aspectos, tales como, la recaudación de
los servicios facturados, facturas vencidas, pérdidas por incobrables y
arreglos de pago entre otros, de empresas de electricidad.

En cuanto al servicio de agua, la Aresep informó que las cuentas por cobrar
del AyA aumentaron de enero 2020 a julio 2020 en un 52%, lo cual
equivale a un monto de ¢7.645 861.809,15. Este monto representa el
8,5% del total de ingresos operativos por servicios del operador. Estos
ingresos operativos no incluyen los ingresos por servicios conexos. El
mayor crecimiento de estas cuentas por cobrar se dio en febrero y marzo
del año en curso.

Toda esta información va a ser analizada por la Defensoría de los
Habitantes en una investigación de oficio y de ser necesario solicitará
información adicional.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

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