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• Iniciativa de la
caminata nace a razón
de pobreza en que
viven los pueblos de
Guácimo, Pococí y
Sarapiquí.
• Tierras sin
título provocan un
inadecuado uso
del suelo
Con el objetivo de mejorar la seguridad jurídica de los territorios, que el gobierno inicie un proceso de reactivación de la economía, y al mismo tiempo se utilicen en las fincas productos amigables con el ambiente, es que la Comisión Representativa de los Pueblos del Caribe Norte realizó una caminata hasta el plenario legislativo, para presentar la Ley 17838.
A dicha caminata asistieron alrededor de 180 personas, las cuales realizaron el recorrido que duró seis horas y media hasta la Asamblea Legislativa, donde los diputados especialmente de partidos de oposición, escucharon su iniciativa y les dieron su apoyo, mientras que los legisladores del Partido Liberación Nacional (PLN), señalaron que debían ordenar la agenda parlamentaria.
Al final, se logró que pasara al parlamento y tomara el primer lugar en la asamblea, para comenzar su discusión. Según Ulises Blanco representante de la Comisión, se presentaron estas iniciativas por: el acelerado crecimiento de la pobreza en zonas como Guácimo, Sarapiquí y Pococí, problemática que se origina en las políticas de desarrollo del país que son excluyentes; esto por la inconsistencia en el campo laboral, en la que las personas trabajan tres meses y luego pasan otros tres meses sin laborar.
Por ejemplo, solo en la zona de Pococí casi 40 mil personas están en condiciones de pobreza extrema. Esta situación crítica de la economía en el Caribe se deben a que el estado desatiende los focos poblacionales de mayor fragilidad, por lo que la asistencia social es poca, al igual que la seguridad jurídica de la tenencia de tierras y la seguridad económica en medianas y pequeñas empresas.
La principal problemática de la zona en cuanto a la tenencia de tierras es que, existen grandes extensiones de suelo que no se pueden titular, y al mismo tiempo hay situaciones que impiden un ordenamiento en cuanto al uso correcto que se le debe dar a esas tierras.
A su vez, un impedimento es que la ley señala que no se puede hacer cambio de uso del suelo, pero aún así la empresa que tiene capacidad de inversión, al hacerle un cambio de uso a su tierra únicamente se le impone una pequeña multa por daños ecológicos.
Es por lo anterior que uno de los puntos que defiende esta nueva propuesta legislativa de mejorar la seguridad jurídica de los territorios, es que los títulos de propiedad otorgados por el gobierno dependan del uso que los finqueros o empresas le den al suelo, y que si este es indebido se le pueda expropiar la tierra.
Lo anterior evitaría que muchos grandes comerciantes nacionales y transnacionales lleguen a abusar de los recursos naturales, ya que con un ordenamiento en el tema de las tierras, estas pasarían a manos de productores que le saquen el mayor provecho a sus territorios.
Según Blanco, estas situaciones se deben a que hay mandatos de la ley actual que están en contra de la realidad social, y al mismo tiempo hay muchas interpretaciones de leyes donde el funcionario, cambia las disposiciones del legislador, en detrimento de los intereses y las necesidades de las pequeñas empresas.
“Lo que hace falta es pensamiento adecuado y criterio de ciudadano en los directivos de Japdeva… No es por falta de recursos, sino por falta de visión, de empeño, pensamiento y dedicación” aseguró Blanco.
Debido a esta inestabilidad entre funcionarios y legisladores, es que existe una situación crítica de las 132 mil hectáreas propiedad de Japdeva que actualmente están vedadas por la institución lo cual no permite el desarrollo, situación real que va en contra del espíritu de la ley.
CONTAMINACIÓN:
En cuanto a la expansión piñera, a pesar del conocimiento del gobierno sobre cómo ha bajado la pesca y el camarón, este continúa brindando permisos
en zonas que son monocultivadas con este producto. Esto porque el estado piensa que dejando a las grandes empresas manipular las tierras a su antojo, se va a generar desarrollo económico, el cual proporciona opciones de empleo.Aunque la realidad muestra que el desempleo en la zona ha aumentado drásticamente.
LEY 7838
La Ley 7838, propone que Japdeva les entregue las tierras a sus propietarios, es decir, a instituciones públicas como el Inder, Aviación Civil para que realice su obra pública y al Ministerio de Educación, entre otras.
Por su parte, los finqueros cuyos territorios se encuentra en manos privadas, fuera de Japdeva, puedan presentar sus denuncias al sistema de información posesoria, para que así le entreguen sus títulos de propiedad.
Anteriormente esos territorios fueron propiedad del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) hoy Inder, o del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer).
A su vez, existen los llamados precarios que una vez fueron propiedad de compañías fantasmas, en las que habitan personas desde hace unos 20 o 30 años; estos propietarios no pueden sacar los títulos de propiedad, debido a que el proceso muy costoso. Según Blanco, el Inder debe 5 mil títulos, mientras que por año se entregan apenas 300 títulos.
Ante esto, la ley impulsada por la Comisión de los Pueblos del Caribe Norte propone que el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) aplique la ley que ya está vigente y que a través del Consejo Territorial se solucione la problemática de seguridad jurídica.
