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Un logro alcanzado luego de 14 años de pedir la prohibición del bromacil.
El decreto 40423-MAG-MINAE-S recién publicado en la Gaceta prohíbe el uso de Bromacil en Costa Rica. Hace más de 14 años se supo que este químico contaminaba acueductos comunitarios, razón por la cual las comunidades han protestado y después de un largo camino de lucha se ganó esta importante reivindicación colectiva, que no es la única en la lucha comunitaria en defensa del agua.
Sin duda la prohibición del bromacil es avance importante pero insuficiente para remediar la emergencia ambiental que vive Costa Rica por causa de la expansión piñera.
Aunque se celebra la prohibición del bromacil, las comunidades y ecologistas exigen que esa medida se extienda a otros agrovenenos utilizados en las piñeras como los herbicidas Diuron, Hexazinona y Ametrina, que han aparecido en constantes análisis de agua en pozos, nacientes y aguas superficiales, de acuerdo al Estado de la Nación de 2012. También se han encontrado en nacientes el Metalaxyl y Triadimefon los cuales son urgentes de regular. Además, existe preocupación por nematicidas como Etoprofo ligados al cultivo de banano.
¿Qué es el bromacil y por qué se prohíbe?
El bromacil es un herbicida para control de malezas permanentes como gramíneas. Es usado en el cultivo de piña al inicio de la siembra en combinación con otros “quemantes”. Estos químicos matan las malezas antes que crezcan. La sustancia presenta una alta capacidad de infiltración o “tránsito” en el agua y ha sido detectada en acuíferos subterráneos. En Europa se ha eliminado en la mayoría de países el uso de este herbicida desde los años 90 por su alto riesgo de contaminar las aguas subterráneas.
Está prohibido en varios países, como Alemania (1993), Belice (1990), Eslovenia (1997) y Suecia (1990), debido a las consecuencias en la salud y el ambiente que puede tener la presencia de este agroquímico en el agua.
En Costa Rica el caso emblemático es el de los acueductos que abastecían a Milano, Cairo, Luisiana y La Francia ubicados en el cantón de Siquirres. Desde el año 2003 el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional (UNA) documentó la contaminación de las fuentes de agua con plaguicidas utilizados en la actividad piñera en estas comunidades.
