La Defensoría de los Habitantes presentó, la tarde de ayer, ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), su oposición a la propuesta de fijación tarifaria de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) que pretende incrementar en un 6,24% las tarifas del servicio de energía eléctrica para los hogares, comercios e industria, a partir del 1 de octubre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020.
Al revisar la petición, la Defensoría observa que el aumento solicitado obedece a la liquidación de los resultados financieros de la empresa entre octubre de 2017 a diciembre de 2018 y mediante una revisión de las cifras de costo y gasto proyectada y reales, la Defensoría ha encontrado que no todos los elementos de las peticiones incluidas en la solicitud responden a criterios de razonabilidad y cuentan con la adecuada justificación, razón por la cual, los niveles tarifarios pretendidos no podrían serle otorgados por el ente Regulador.
Considera la Defensoría que la práctica aprobada por la ARESEP de forzar los resultados económicos del prestador del servicio a un rédito determinado, introduce rigideces innecesarias en la política tarifaria, al eliminar grados de libertad para fijar los precios del servicio pues, condiciona el ajuste tarifario al resultado de la aplicación de una fórmula matemática prestablecida y que sólo involucra variables financieras.
Además, la actual metodología de liquidaciones aprobada por ARESEP, contiene un incentivo perverso contra el usuario de la electricidad pues, no considera parámetros de eficiencia, de manera que los prestadores de los servicios no tienen motivos para hacer un uso eficiente de los recursos obtenidos mediante tarifas, toda vez que pueden incluir en una liquidación posterior lo sobre-invertido o gastado de más, en perjuicio del usuario final que se ve obligado a afrontar en forma de cascada, dos fijaciones tarifarias al año, una por variación en la estructura de costos propios de la empresa y otra por la liquidación del período anterior.
Para la Defensoría esta práctica atenta contra los objetivos de la Autoridad Reguladora establecidos en la Ley 7593 y sus reformas, en cuanto al logro del equilibrio entre las necesidades de los usuarios y los intereses de los prestadores de los servicios (artículo 4), así como la incorporación de los criterios de equidad social, sostenibilidad ambiental, conservación de la energía y eficiencia económica (artículo 31), entre otros aspectos.
Oficina de Prensa
Defensoría de los Habitantes
