Martes 21 de Noviembre 2017. Hace 28 años se aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, donde se estableció un nuevo orden jurídico, político y social, de relaciones democráticas entre los niños, niñas, adolescentes y las personas adultas.
Es una fecha especial para recordar las obligaciones que tiene la familia, la comunidad, las instituciones y las organizaciones de trabajar por los niños, niñas y adolescentes que enfrentan situaciones y condiciones de vulneración de sus derechos, con el propósito de asegurar su protección, bienestar, seguridad y desarrollo integral.
Tal es el fenómeno de la violencia, el abuso físico, sexual, emocional y la negligencia materna y paterna, que resultan de prácticas culturales, sociales, disciplinarias -arraigadas y consentidas- que trascienden intergeneraciones y que inciden negativamente en el proceso de crianza y de desarrollo integral de las personas menores de edad víctimas.
La familia
En el ámbito familiar y escolar, es preciso trabajar en acciones socio-culturales y educativas para modificar aquellas formas violentas y arbitraras en la relación y el ejercicio del poder de las figuras de autoridad con los niños, niñas y adolescentes, por métodos no violentos, más horizontales y democráticos.
Esta realidad nos conmina como país y sociedad a redoblar esfuerzos en el ámbito político-institucional como en los espacios de socialización más próximos a la niñez: la familia y la escuela, para modificar prácticas, actitudes y costumbres arraigadas en nuestra sociedad, propios de la concepción de la persona menor de edad como objeto de la voluntad y los deseos adultos, que se traducen en distintas manifestaciones de exclusión, violencia, negligencia y discriminación.
Ámbito político-institucional
En lo político-institucional, una deuda pendiente es la recuperación de espacios públicos y seguros para el disfrute del derecho a la recreación y la socialización, como ingrediente esencial en su proceso de desarrollo y la convivencia pacífica
En este mismo eje, es preciso reforzar los programas y políticas públicas universales en salud y educación, dirigidas hacia este sector de la población, incorporando la participación y la escucha de las personas menores de edad en estos procesos.
La participación es una de las innovaciones más relevante introducidas por la Convención sobre los Derechos del Niño. Es el eje en torno al cual gira un grupo de derechos intangibles estrechamente interconectados como la libertad de expresión, el derecho a la opinión, la libertad de pensamiento y conciencia, la libertad de asociación, el derecho al acceso a información, ausentes en declaraciones e instrumentos internacionales anteriores.
Su relevancia reside en que es a partir de la afirmación de estos derechos que la humanidad da un salto cualitativo en las formas de relación establecidas entre el mundo adulto y el de la niñez. Si bien no se puede hablar de la preeminencia de unos derechos sobre otros, no cabe duda que el grupo de derechos inmateriales que engloba la participación, son los que han dado un significado y un contenido concreto a la concepción de sujeto de derecho y ciudadanía social, al reconocer la capacidad de las personas menores de edad para aportar con sus ideas y sus opiniones al mejoramiento de sus circunstancias particulares, las de su familia, comunidad y país.
Un aspecto esencial de este reconocimiento e indispensable para el ejercicio de su ciudadanía social, es el establecimiento y promoción de procedimientos, medios, mecanismos, vías y espacios amplios de participación de esta población en todos los niveles y estructuras de la sociedad, desde las relaciones familiares hasta el ámbito escolar, comunitario e institucional.
Desde la Defensoría de los Habitantes renovamos nuestro compromiso por la defensa de sus derechos e invitándoles a construir espacios constructivos de diálogo por la construcción de una sociedad más inclusiva y garante de los derechos plenos de todas las personas en nuestra diversidad. Que su voz se haga oir y sustenten la esperanza por un mundo mejor.
Oficina de Prensa
Defensoría de los Habitantes
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