Leda Chavarría Jiménez
Periodista
Como si se tratará de un éxito, o una buena noticia, los medios de comunicación anunciaron en los últimos días que menos de la mitad de la población costarricense habilitada para hacerlo, afirma que votará en las elecciones de febrero del 2014.
Desconfianza, apatía, desilusión son parte de las razones que anuncian que la gente tendrá para no asistir a las urnas a elegir al próximo Presidente de la República. Que las cifras de abstencionismo serán históricas, que el gobierno actual es el peor calificado por la opinión pública y que ya nadie cree en los políticos; los colegas periodistas anuncian las razones con bombos y platillos como si se tratará de una lucha en la que política y periodismo tratan de comprobar quien tiene la mayor credibilidad.
De la decisión que se tome en febrero próximo depende la situación de la población costarricense, no sólo durante los próximos 4 años, sino más allá del 2018. Los costarricenses con la mediocridad que nos caracteriza, ambiguos y acostumbrados a que otros nos den las soluciones en bandeja de plata, venimos desde hace varios años, reclamando participación, pero a la vez, poniendo en manos de otros la decisión que define el futuro del país y de su población.
Dejar de votar no es solo callar, sino permitir que otro hable por mí. Cuando una persona no acude a las urnas para expresar su opinión acerca del candidato que le parece mejor, o menos malo, para el país, simplemente está decidiendo ajustarse a la decisión que otros, probablemente con intereses distintos a los suyos, tomen por él (o ella). Dejar de votar es entonces, lo mismo que votar por el que escoja la mayoría.
Surge entonces la pregunta: ¿Cuál es la mayoría que está votando? ¿La que quiere el bien común?, ¿o la que persigue el beneficio propio? En 2006, los mayores niveles de abstencionismo se registraron en zonas rurales y fronterizas del país. Un estudio elaborado por la Universidad de Costa Rica y publicado en 2005, concluyó que las person nas de los sectores más desfavorecidos son las que se alejan mayoritariamente de las urnas.
En 2010, más del 30% de los votantes no emitió criterio para elegir presidente. Este porcentaje supera en casi 10% la diferencia entre Laura Chinchilla y los dos candidatos que le siguieron en porcentaje de votos. Cada vez se vuelve más evidente que existe una cifra importante de personas que está permitiendo que otros decidan por ellos. Estas personas están permitiendo que otros con intereses individuales busquen el presidente que les conviene, el diputado que les conviene, en fin, la ideología que les conviene.
Cuando este grupo que para evitar la fatiga decide no dar su opinión e irresponsablemente dejar en manos de otros, que no conocen, la decisión de elegir un gobierno, se decida hablar, o sea a votar, es muy probable que la mayoría deje de ser vista como masa no pensante, para convertirse en un sector poblacional unido y con intereses comunes.Los intereses de los más pobres no van a ser defendidos mientras este sector siga poniéndolos en manos de los que no son tan pobres.
Los intereses de las zonas rurales no serán defendidos mientras las personas de las zonas rurales se sigan quedando en su casas, negándose a sí mismos el derecho a poner en el gobierno las personas que a ellos les convienen. En 2010 el Tribunal Supremo de Elecciones determinó que Limón fue la segunda provincia con más abstencionismo (sólo un punto debajo de Puntarenas). Aquí 39 de cada 100 votantes decidieron estar de acuerdo con la mayoría, o sea, votar por el que otros, en mayor cantidad provenientes de las provincias centrales, escogerían.
¿Por qué una provincia con necesidades tan claras, tan definidas y sobre todo tan diferentes de las necesidades de la población central del país, decide dejar su futuro en manos de gente que vive una realidad tan distinta? Callar es lo mismo que dejar que otros hablen por nosotros. Cuando renunciamos al derecho de opinar, renunciamos también al derecho a exigir y reclamar por las decisiones que permitimos que otros tomen por nosotros.
