Dr. Carlos Araya Leandro, vicerrector de Administración; Dr. José Antonio Cordero Peña, director del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas; máster Víctor Garro Martínez, director de la Maestría de Administración Pública, en representación de la Escuela de Administración Pública. Modera la periodista Gabriela Mayorga López.
Para los catedráticos de la Universidad de Costa Rica, el actual Plan Fiscal cambia aspectos centrales el papel del estado costarricense constituido a partir de la segunda república: Una sociedad basada en un estado de derecho, donde todos aportamos de forma equitativa.
Según el artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica, el estado debe garantizar la producción, para garantizar este estado de bienestar, sin embargo la estructuras tributarias actuales se han desfasado, ya que fueron concebidas para una estructura productiva agroindustrial.
A partir del año 1984 con la creación de los PAES (Programas de Ajuste Estructural) la estructura productiva se modificó y nos convertimos en un país con una Estructura de Servicios, para la cual el Sistema Tributario actual no está preparado, de ahí el desfase. Esto implica que las necesidades que se presentaron desde finales del siglo XX cambiaron y a pesar que se ha experimentado un crecimiento económico, este crecimiento no ha favorecido a la mayoría de los costarricenses y en la actualidad la pobreza alcanza el 20% de la población y continúa en aumento.
Desigualdad creciente
A junio 2017, el 20% de las personas con más ingresos se apropian del 50% del ingreso nacional, mientras que el 20% de personas en pobreza apenas pellizca el 4%, de estos ingresos. Otra forma de explicarlo es a través del nivel de ocupación semanal y el nivel de escolaridad, donde el 20% con mayores ingresos trabaja más de 40 horas semanales y tiene un promedio de escolaridad universitario, mientras que el nivel de ocupación del 20% de los ticos en pobreza está por debajo de las 30 horas y su escolaridad en promedio apenas alcanza el 5 año de primaria en promedio.
Nos encontramos con dos Costa Ricas muy diferentes a partir de los años ochentas, y esto nos obliga a enfrentar nuevos retos, como mejorar la eficiencia de los programas públicos, así como mejorar la Hacienda Pública con el objetivo de integrar a estas personas en el mercado laboral.
Para el año 2019 el gobierno financiará a través de deuda un 53.9% del presupuesto y el 41% de este se dedicará al pago de intereses y no para financiar proyectos sociales, como educación e infraestructura, es decir, para mejorar la calidad de vida de los sectores menos favorecidos.
La Constitución establece como una regla fiscal, que el gasto corriente debe ser financiado por ingresos corrientes, esta regla no se cumple. De ahí la importancia de establecer una nueva regla fiscal, que no sea una camisa de fuerza para el estado y su desarrollo social.
Para el Dr. Cordero Peña, no hay duda que existe crisis fiscal. Actualmente el gobierno debe colocar deuda cada 15 días para hacer los pagos de su operación corriente, y el Banco Central alcanzó un déficit de 7.1% del PIB (Producto Interno Bruto) en el 2017.
Hacienda tiene una visión diferente, pero sus números no son confiables, ya que según explicó el docente, dejaron por fuera un monto significativo por concepto de gastos relacionados con el cierre del Banco Crédito Agrícola de Cartago, de ahí el problema con sus cifras.
Lo anterior demuestra la urgencia de una Reforma Fiscal, que considere el financiamiento del estado, pero también los programas sociales; ya que el proyecto actual los condiciona en momentos de gran desigualdad. Es por ello que la Universidad de Costa Rica hace un llamado al diálogo intersectorial.
¿Cuáles serían las consecuencias de no resolver el tema fiscal?
Si la reforma no se aprueba o se aprueba de forma insuficiente, el gobierno tendría que realizar recortes de gastos en programas sociales y eventualmente despidos. Esta situación ya se ha presentado en otros países como Grecia o España, y hay estudios que demuestran que la crisis no se asocian tanto al monto de la deuda respecto a los ingresos si no a la credibilidad del país, lo cual disminuye su capacidad de conseguir recursos financieros, estamos hablando de las Calificadoras de Riesgo a nivel internacional y al cierre en las fuentes de financiamiento.
Si el gobierno empieza a tener problemas para pagar la deuda externa, va a tener que solicitar apoyo al FMI (Fondo Monetario Internacional) y otros entes internacionales, que ya sabemos siempre traen el garrote escondido, indicó el docente.
Los principales problemas son: mayores tasas de interés, desaceleración económica, desempleo, aumento del gasto en intereses y por lo tanto menos capacidad para cubrir otros rubros. Señala además el aumento en las presiones cambiarias, lo cual significa mayor gasto en la adquisición de dólares y menos disponible para el apoyo económico local.
¿Por qué llegamos a esta crisis?
La crisis fiscal es culpa de todos, empresarios, sector público, incluyendo la universidades, es importante además revisar la eficiencia de las instituciones. No se puede decir, esto no es mi culpa ya que es importante que todos hagamos nuestro aporte.
En 2008 el país tuvo superávit y la relación deuda PIB fue de 24%. Diez años después, en 2017 el déficit fiscal llegó a 6.4% y la relación deuda PIB llegó a 50%, algo muy serio pasó durante estos años con la forma en que se estructuró el gasto del país.
Es interesante que desde el 2012 al 2017, en promedio la producción creció 7.3% y los ingresos crecieron en 7.8%. Esto demuestra que no es cierto que la solución sea solo aumentar el crecimiento económico ya que los gastos también siguieron creciendo y esto es un callejón sin salida.
Cambio al IVA
Con respecto al cambio del Impuesto de Ventas al IVA, señalan los panelistas que este impuesto a pesar de ser regresivo, estimula en la personas el exigir facturas, facilitando de este modo la trazabilidad y por ende la recaudación.
Este impuesto lo pagamos todos y afecta a personas en condición de fragilidad, sin embargo el país cuenta con programas para atenuar esta afectación así que es una forma de aumentar la recaudación que en opinión del docente es aceptable.
Otro aspecto de análisis es la Canasta Básica, la cual libera del pago de impuestos más de 300 productos básicos para la población con menores recursos. Sin embargo se incluyen en ella una gran cantidad de productos como por ejemplo: trucha, macarela, cangrejo, tomate cherry, calamar, lechuga americana, entre otros que sólo consumen el 20% de la población con mayor nivel adquisitivo.
Parte del problema de este Paquete Fiscal está en que Hacienda, cada semana cambia el texto y mientras tanto la Asamblea metió mano haciendo cambios muchas veces sin sentido. Tantas modificaciones han dado pie a que grandes grupos de poder aparezcan pidiendo exenciones. Además no se han tomado en cuenta las demandas del sector sindical, muchas de ellas de gran importancia.
Entre estas exenciones se encuentran sectores económicos que tienen capacidad de pago ya que son actividades económicas que generan grandes ingresos, tales como las Subastas ganaderas, los médicos, así como las grandes cooperativas y el solidarismo. Los docentes claramente plantean la pregunta: ¿Para qué eximir estos grupos del pago de impuestos?
II Parte
¿Cómo afecta la reforma al sector educativo?
El Vicerrector de administración de la U.C.R. Carlos Araya Leandro explica los efectos en la en la Educación Superior.
A partir del año 2009, se habla de crisis fiscal, ya que se arrastran sumas importantes, de déficit, llegando en la actualidad al 7% de la producción, lo cual equivale a financiar con créditos más del 50% de la deuda del país. Se requiere que los sectores más favorecidos paguen de acuerdo a sus ingresos así como limitar la evasión fiscal. Además es importante la contención del gasto público, y esto incluye a las universidades.
Sin embargo se debe poner atención a que tipo de gasto debe contenerse, o bien en donde no se debe, esto es, qué gasto es imprescindible, en este sentido la educación, junto a la salud y seguridad son de los más importantes.
La educación se afecta primero por la reforma en la definición de educación: La constitución establece que el 8% del PIB debe ser invertido en educación, esta ley aún no se ha llegado a cumplir, actualmente apenas se invierte 7,2% del PIB. Con la reforma se va a invertir menos, ya que esta incluye las Redes de Cuido y el INA, sumados el estado debería garantizar al menos un 8,2% en educación, pero la constitución garantiza apenas 8% y la reforma lo condiciona. Dada la condición actual de las finanzas públicas, esto no se va cumplir y de ahí el impacto en la finanzas de las instituciones educativas, no sólo las universidades.
En segundo lugar, está la regla fiscal señala entre otras cosas que, cuando el nivel de deuda pública alcance o supere el 45% del PIB, (al cierre del 2017 alcanzó 49,2%) y actualmente ronda el 52% el crecimiento del presupuesto no puede ir más allá del 75%, esto lo reduce al 6%. Este año la relación entre el FES (Fondo Educación Superior) y el PIB, tendría una relación negativa.
En concreto el plan fiscal afectaría específicamente las sedes regionales, ya que afecta las leyes con destinos específicos, como la ley 7386, que da recursos en la UCR para la sede de Paraíso, en el caso del TEC para la sede de Limón y en el caso de la UNA para la sede de la región Brunca. Estos programas de regionalización de la educación pública son vitales a nivel social ya que impactan en la regiones más pobres del país.
Otro impacto en leyes específicas, como la 8114, actualmente un porcentaje del impuesto a los combustibles, se gira a LANAMME (Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales) para fiscalizar la construcción de obra pública en carreteras y puentes. Así como la ley de emergencias, que gira recursos para OVSICORI en la UNA, para el laboratorio de energía sísmica, ya que estos dependen del flujo de caja de Hacienda.
¿Se grava la educación superior pública y se exonera la educación privada?
La respuesta es no, el plan actual exonera a los estudiantes del impuesto de ventas por el pago de la matrícula e incluye las universidades privadas. Esto pasa también en servicios de salud, ya que lo que está exento son los usuarios de los servicios, los proveedores si deben pagar.
La universidades privadas tendrán que pagar el IVA para la compra de vehículos por ejemplo, y deben que pagar el 13%, cuando hacen compras de bienes o servicios y la universidades públicas un 2% por estos rubros. Los estudiantes, están exentos como usuarios del servicio, no así el proveedor del servicio.
El problema con las Universidades privadas está en la elución, algunas de las más grandes tienen años de no tributar, reportando cero ganancias o incluso pérdidas, sin embargo, cada año, crecen en infraestructura o adquieren nuevas propiedades o sedes.
Por otro lado el impacto de estas medidas afectan la credibilidad de las instituciones estatales, y esto puede traer como consecuencia la llegada al poder de líderes populistas, como ha pasado ya en otros países de latinoamérica.
Conclusiones:
Todos coincidimos en la necesidad de una reforma, pero esta debe ser progresiva, esto significa que quienes más tienen sean quienes más paguen.
Actualmente el 8% de evasión fiscal se ha reducido, gracias a los esfuerzos en recaudación de la administración anterior, sin embargo la elución alcanza el 5%.
Existen grupos económicos muy poderosos como el sector cooperativo, que no deben ser exonerados, incluso en países que fomentan el cooperativismo estas deben tributar. Por otro lado según un estudio de CICAP, las Asociaciones Solidaristas, son máquinas de hacer dinero y están en la capacidad de tributar.
Reducir la evasión es importante, pero la elución es también un factor que impacta la economía y esta reforma la promueve. El modelo de desarrollo que tenemos es favorable al 20% más rico, busca reducir programas sociales en una Costa Rica cada vez más desigual y dañar la institucionalidad democrática. El efecto es una Costa Rica alineada con las fuerzas económicas más poderosas.
Por otro lado algunas características progresistas que contenía el documento original, como la Subcapitalización que buscaba limitar el monto que la empresas podían deducir del impuesto de la renta y que iban a generar progresividad se eliminaron debido a que el gobierno cedió ante los intereses de los empresarios y han sido sustituidos por elementos de regresividad.
Otro ejemplo es aumentar el mínimo a partir del cual las empresas deben tributar, y aumentar el porcentaje de los que estaban en tramos superiores, es un elemento progresivo que se perdió en este proceso.
A pesar de ello los docentes coinciden en que el paso del Impuesto de Ventas al IVA, a pesar de ser un impuesto regresivo, debido a su componente en cuanto a la trazabilidad es importante, ya que permite aumentar la renta que es progresiva, y los que tienen mayores ingresos tributan más.
Estamos frente a un nuevo paradigma de gestión pública, y la pregunta que hay que hacerse es ¿cuáles serán las consecuencias sociales de estas medidas?.
Por un lado hay un abuso de exoneraciones fiscales, que genera esa elusión fiscal de 5%, lo que demuestra el grado de clientelismo político de los grupos de poder, donde industriales, y médicos logran mantener los privilegios. Por ejemplo si se aumenta el salario a un conserje , debe aumentarse a los médicos y esto refleja cómo está construido el estado costarricense.
La U.C.R. hace un llamado al diálogo
Debemos aspirar a una sociedad más inclusiva, si bien es cierto la reforma es necesaria, no se puede dejar de lado los sectores más vulnerables.
Además, esta reforma es un parche que apenas soluciona un 1% y reforma el estado solidario. Debemos buscar una reforma fiscal que se adapte al actual estado basado en servicios y lejos que estas medidas sean permanentes deben ser temporales y sujetas a evaluación en el tiempo.
Esta reforma es incompleta ya que no resuelve los problemas de desigualdad, no está planteada para fomentar el crecimiento económico, solo para aumentar los ingresos del estado. No grava las utilidades de los bancos públicos y privados, un sector muy dinámico.
Otro elemento importante es eliminar la duplicidad de funciones en el estado, actualmente tenemos 333 administraciones públicas, con instituciones que hacen lo mismo, el BANHVI y el INVU por ejemplo. Además es urgente la evaluación de los resultados, no solo de los funcionarios, también de las instituciones.
Finalmente los docentes plantean la siguientes preguntas:
¿Cuál es el tipo de país que como costarricenses aspiramos a construir?
¿Qué sistema tributario necesitamos para construir ese país?
¿Hasta donde estamos dispuestos a ser consecuentes con estas aspiraciones?
Debemos hacer conciencia que si queremos una gran cantidad de servicios públicos y de calidad como educación, salud, seguridad, infraestructura y un estado solidario, este estado requiere de altos impuestos.
Se debe modificar la estructura contributiva pero también la estructura del gasto público, así como la estructura de clientelismo, que existen desde la fundación de la segunda república.
Randall Araya
El Independiente
