El 5 de julio de 2018 el Plenario Legislativo aprobó la ley 9.600 para proteger los salarios de choferes de autobus de rebajos injustos por marcas en los contadores electrónicos, sin un debido proceso que determine su responsabilidad.
Sin embargo, a más de siete meses de su votación afirmativa en segundo debate y seis meses desde que el Poder Ejecutivo sancionó el decreto legislativo, aún no se publica la ley en el Diario Oficial La Gaceta, a pesar de lo dispuesto los artículos 126 y 129 de la Constitución Política. Dichos artículos señalan la obligación de las leyes y la responsabilidad del Poder Ejecutivo de sancionarlas y publicarlas.
Ante la evidente violación de la Constitución y omisión de responsabilidades por parte del Poder Ejecutivo, el diputado José María Villalta presentó un recurso de amparo, argumentando una lesión a los derechos de seguridad jurídica; trabajo y salario digno de las personas choferes de buses; y al derecho de petición y pronta respuesta (el 10 de enero el diputado envió un oficio sin respuesta al Ministro de Obras Públicas, Rodolfo Méndez Mata, solicitando las razones para no publicar la ley).
“No encontramos motivo para atrasar la entrada en vigencia de una ley que viene a proteger el salario y los derechos laborales de trabajadores y trabajadoras que sufren explotación a diario. Mientras el gobierno corrió a publicar el Plan Fiscal de un día para otro, con este retraso provocado por el ejecutivo solo se benefician los autobuseros que irrespetan los derechos laborales”, señaló el diputado Villalta.
